Cómo se coordinan los servicios de emergencia en España, explicado para quienes trabajan a su lado.

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, ordena cómo actúan juntas las administraciones ante una emergencia colectiva. Las competencias están repartidas: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tienen cada uno sus planes y sus servicios, y la coordinación se hace a través de esos planes. Por eso la pregunta útil en una emergencia es qué plan está activado y en qué situación operativa, más que qué cuerpo ha llegado primero.

La ley distingue entre la emergencia ordinaria, que no tiene afectación colectiva (un incendio en una vivienda, un accidente con un herido), y la emergencia de protección civil: una situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida de los poderes públicos (art. 2.5). Una catástrofe es la que altera sustancialmente el funcionamiento de una comunidad y supera sus propios medios (art. 2.6).

Por encima quedan dos figuras distintas. Los estados de alarma, excepción y sitio se rigen por la Ley Orgánica 4/1981. La situación de interés para la Seguridad Nacional, que declara el presidente del Gobierno mediante real decreto, está en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional (arts. 23 y 24). Ninguna de las dos es necesaria para que funcione el sistema de protección civil en el día a día.

La Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023) fija una estructura común para todos los planes y el principio de dirección única: los servicios que intervienen dependen funcionalmente de quien dirige el plan y la emergencia (art. 20). Conviene conocer tres niveles.

• Sobre el terreno: el Puesto de Mando Avanzado. La Dirección de la Emergencia planifica y conduce las operaciones, asigna misiones a los servicios a través de los grupos de acción (intervención, búsqueda y rescate; seguridad; sanitario; apoyo logístico y asistencia social; apoyo técnico; judicial y forense) y fija los ámbitos geográficos de cada uno. En el lugar se monta el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que es donde debe presentarse cualquier organización que llegue a ayudar.
• Coordinación: los centros de coordinación operativa. El CECOP (o CECOPI, si es integrado con el Estado) de la comunidad autónoma, normalmente apoyado en el centro 112, reúne la información, moviliza recursos y sigue la emergencia. En el municipio, su equivalente es el CECOPAL, el Centro de Coordinación Operativa Municipal.
• Dirección: el plan activado y su situación operativa. La Dirección del Plan tiene el mando único y decide activaciones y medidas de protección. La Norma Básica define cuatro situaciones operativas (art. 7): 0, funcionamiento ordinario y seguimiento; 1, emergencia atendida con los medios de la administración responsable; 2, el máximo nivel de dirección autonómica; 3, emergencia de interés nacional. En la situación 3, el ministro del Interior asume la dirección (Ley 17/2015, arts. 28 y 29) y el jefe de la UME actúa como Director Operativo de la Emergencia.

Hay dos caminos, y el preparado de antemano funciona mucho mejor.

• Por el plan. Cada plan de protección civil incluye un catálogo de medios y recursos, y su implantación prevé protocolos para asignarlos (Real Decreto 524/2023, art. 16). Las ONG con albergues, equipos de búsqueda, catering o apoyo psicosocial suelen entrar mediante un convenio con la comunidad autónoma o el ayuntamiento que las incluye en ese catálogo. Los voluntarios actúan siempre a través de su entidad y siguiendo sus directrices (Ley 17/2015, art. 7 quáter).
• Por requerimiento el mismo día. Ciudadanos y empresas tienen el deber de colaborar, personal o materialmente, cuando lo requiere la autoridad competente (art. 7 bis.1). En una emergencia, cualquier persona mayor de edad debe realizar las prestaciones personales que se le exijan, sin derecho a indemnización por ello (art. 7 bis.2). Las autoridades también pueden requisar temporalmente bienes u ocupar instalaciones, y en ese caso los afectados sí tienen derecho a indemnización (art. 7 bis.3).

La protección civil y la prevención y extinción de incendios son competencias propias del municipio (Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, art. 25.2.f), y en los municipios de más de 20.000 habitantes son servicios obligatorios (art. 26.1.c). El alcalde puede adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, las medidas necesarias en caso de catástrofe o grave riesgo, dando cuenta inmediata al Pleno (art. 21.1.m).

En la práctica, el alcalde dirige el plan territorial municipal cuando se activa, convoca el CECOPAL, envía a alguien al PMA para presentarse a la Dirección de la Emergencia y pone a disposición lo que tiene el municipio: policía local, agrupación de voluntarios, edificios para albergue, maquinaria, conocimiento del terreno. Las necesidades que superan sus medios se piden a través de la comunidad autónoma. La parte de preparación se explica en nuestra guía del plan de emergencia municipal.

Sinkaos no forma parte de los sistemas del 112 ni de los CECOP y no sustituye a los números de emergencia, a la radio ni a los avisos oficiales. Ayuda a su organización a tener controladas a sus personas, tareas y medios mientras apoya a los servicios de emergencia, funciona sin conexión y deja un registro con hora de lo que aportó. Consulte ONG y equipos sobre el terreno y gestión de emergencias municipal.